El Gobierno tira la toalla con Ferrovial: no puede justificar que se vaya sólo por motivos fiscales

El Gobierno ha buscado cualquier resquicio legal para tratar de frenar el cambio de sede de Ferrovial a los Países Bajos, utilizando para ello a la Abogacía del Estado, pero ha acabado por tirar la toalla, según fuentes conocedoras de la situación. Primero intentó utilizar el escudo antiopas y después aferrarse a una norma que impide a las empresas cambiar de sede por motivos exclusivamente fiscales. Y ha concluido que ninguna de las dos vías tiene recorrido.

«Los abogados dicen (incluso los del Estado) que va contra las normas de la UE, así que no pueden hacer nada. Han intentado tirar la caña del tema fiscal, que eso sí que les permitía hacer algo (está prohibido hacer movimientos cuyo objeto principal sea el ahorro fiscal), pero como no ha colado, han decidido que no hay nada que hacer», explica una de las fuentes.

La cuestión fiscal viene recogida en el Régimen especial de las fusiones, escisiones (…) y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea de la Ley del Impuesto de Sociedades. En su artículo 89 establece que «el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal».

Por tanto, el Gobierno tendría que demostrar que Ferrovial cambia de sede con una motivación exclusivamente fiscal. Algo que es imposible porque, aunque Ferrovial va a ahorrar impuestos, no es la única razón de su movimiento, ni la principal: se marcha para acceder a los mercados internacionales, básicamente a Wall Street en igualdad de condiciones con las empresas estadounidenses (lo que elevará su valor), para bajar su coste de financiación en un país con mejor rating que España. También en busca de una mayor seguridad jurídica, aunque la empresa lo ha negado ante las presiones gubernamentales.

Además, aunque es verdad que Ferrovial va a ahorrarse impuestos por los dividendos de sus filiales internacionales, y también Rafael del Pino y sus altos ejecutivos van a evitar el impuesto a las grandes fortunas, el ahorro tampoco es tan grande como para justificar un movimiento que conlleva unos costes muy importantes. Por tanto, los asesores del Ejecutivo han concluido que esta vía no tenía recorrido.

Escudo antiopas

Lo mismo ocurre con el escudo antiopas que Pedro Sánchez estableció en 2020 para evitar que inversores extranjeros se hicieran con el control de empresas españolas aprovechando el desplome en Bolsa provocado por el covid, y que mantiene vigente en 2023 para poder intervenir en el mercado a su antojo.

En este caso, la vía para aplicarlo sería que Ferrovial plantea la operación como una absorción de la sociedad española por la sociedad cabecera de su negocio internacional, que ya está domiciliada en Países Bajos. Pero dado que sus accionistas son los mismos que los de Ferrovial, en su mayoría españoles, esta opción tampoco tenía recorrido y habría sido tumbada por los tribunales.